MADRID. Las empresarias María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz no sólo están acusadas de haber financiado de forma voluntaria a ETA, sino que el juez Baltasar Garzón considera que las dos «imputadas tienen la vía para continuar colaborando con ETA», objetivo ya abortado con la detención y posterior encarcelamiento de ambas. El magistrado, en el auto de prisión, precisa que «se pretende evitar la reiteración del apoyo o colaboración con ETA, es decir, la reiteración delictiva con una organización criminal que utilizando esos fondos acaba con la vida de las personas».
El juez recoge como elemento nuclear de la colaboración de las dos empresarias de Orio una carta intervenida en la operación de Burdeos, en la que fueron detenidos Francisco López Peña, Igor Suberviola, Ainhoa Ozaeta y Jon Salaberría.
Para el juez, la misiva -fechada en abril de 2008- demuestra que la contribución de las dos empresarias fue voluntaria y no forzada por la extorsión. Y para ello, destaca el siguiente párrafo: «A través de esta carta, además de transmitirles que hemos recibido su aportación económica de 6.000 euros, queremos también agradecerles la aportación realizada por la libertad de Euskal Herria. En la misma línea, evocando su patriotismo queremos animarles a que en el futuro sigan realizando aportaciones al proceso de liberación con el convencimiento de que tienen la vía para ponerse en contacto con la organización, para realizar cualquier aportación económica».
Garzón, tras subrayar que el tono de la carta no corresponde con las habituales del «impuesto revolucionario», dice que el párrafo denota la proximidad ideológica de las destinatarias con el entramado etarra. Destaca que la primera, socia de la empresa Andrés Bruño e Hijos S.L y gerente, fue firmante de la plataforma Auskera Guztiak, declarada ilegal el 29 de marzo de 2005. Además, subraya que la segunda, socia y consejera de la misma empresa, formó parte de las listas de EH en las elecciones de 1999 en las Juntas Generales por Orio. También firmó la constitución de la agrupación Auskera Guztiak, anulada por el Supremo el 26 de marzo de 2005. Con anterioridad a la misiva hallada en Burdeos, las empresarias recibieron dos cartas entre 2003 y 2008 en las que los criminales les pedían 120.000 euros. Un año después recibieron otras reclamando 30.000 euros. De este hecho, el juez infiere que las hermanas «bien directamente bien por medio de persona o personas interpuestas negociaron la rebaja de la aportación económica a ETA, primero a 30.000 y luego a 6.000 euros que es la cantidad recibida» por la banda.
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